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A pesar de haber culminado con éxito la que probablemente ha sido la legislatura más productiva y progresista de la democracia, parece evidente que España necesita, al menos, cuatro años más para asentar los cambios iniciados. La sucesión de acontecimientos extraordinarios ha permitido solamente esbozar las reformas estructurales que el país necesita en fiscalidad, energía y regulación, vivienda, relaciones laborales, cuidados, desigualdad territorial, modelo productivo o sanidad.
Completar esta etapa reformista requiere encontrar soluciones a los grandes retos y avanzar decididamente hacia la consecución de los necesarios equilibrios económicos y sociales entre el papel del Estado y el mercado, el trabajo y el capital, la democracia y los poderes económicos, el desarrollo y el medioambiente, el progreso económico y la igualdad social y de género.
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